Un grupo de expertos en derechos humanos expresa preocupación por la posible perforación de nuevos pozos petroleros en esa área natural protegida y urge al gobierno ecuatoriano y a las empresas a respetar el resultado de la consulta popular de hace un año, en la que la mayoría de los ecuatorianos votó por prohibir la explotación petrolera en ese sitio.
Hace un año, Ecuador llevó a cabo una consulta popular histórica en la que el 59% de más de diez millones de votantes se pronunció a favor de prohibir la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, un área natural protegida de 10.200 km² localizada en la cuenca amazónica al noreste de ese país.
Tras el resultado de la consulta, la Corte Constitucional de Ecuador ordenó a las autoridades del país desmantelar la planta petrolera del Parque en un plazo de un año, que se cumplirá el próximo 31 de agosto.
Sin embargo, la producción petrolera de la planta es mayor ahora que durante la primera mitad de 2024 y algunas informaciones indican que se abrirían nuevos pozos. Además, el Ministerio de Economía y Finanzas señaló esta semana que el cierre de los pozos en Yasuní tomaría de tres a cinco años.
“A través del voto, la nación ecuatoriana envió un mensaje claro al gobierno: Ecuador debe dar prioridad a la protección del clima, del medio ambiente y de los pueblos indígenas que dependen de él, y alejarse de un modelo económico basado en el agotamiento de los recursos naturales y la extracción de combustibles fósiles”, puntualizaron los relatores especiales.
El Parque Nacional Yasuní, uno de los lugares con mayor biodiversidad de la Tierra, es un santuario para innumerables especies y el hogar de pueblos indígenas, incluidos pueblos en aislamiento voluntario, que han preservado su forma de vida durante siglos.
“Como resultado de la votación, los proyectos existentes y futuros deben ser detenidos y desmantelados, y el medio ambiente restaurado. El futuro del Parque Nacional Yasuní, de sus habitantes, de las generaciones futuras y del medio ambiente mundial depende de las medidas que se tomen hoy”, recalcaron.
Los expertos afirmaron ser conscientes de que la explotación de la planta de Yasuní aporta el 13% de la producción nacional de crudo y de que su cierre es costoso y complicado, pero llamaron al gobierno a cumplir con las obligaciones legales, avanzar en una transición justa, incluyendo la financiación del desarrollo por otros medios, sin eludir la decisión del pueblo.